Autores: Julio Salas, subsecretario de Pesca y Acuicultura; y Eve Crowley, representante de la FAO en Chile
Cinco de junio: Día Internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Ocho de junio: Día Mundial de los Océanos. Ambas efemérides, se aproximan no sólo en las fechas de conmemoración, sino también en el impacto que la actividad ilegal genera en la salud de los mares a nivel global y regional.
Chile posee una vocación oceánica orientada a proteger la biodiversidad marina y apoyar el desarrollo de actividades económicas sostenibles. No es casualidad que sea el primer país de América Latina y segundo en el mundo en ratificar el Acuerdo Internacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de la Jurisdicción de los Estados. Chile, además, ha cumplido y sobrepasado el compromiso de Naciones Unidas de proteger el 30% del mar, con un 44% antes del 2030.
Sin embargo, la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR), que cada día perfecciona y complejiza su operación, amenaza los avances logrados en el desarrollo de actividades económicas pesqueras sostenibles, la seguridad alimentaria y protección de los océanos.
Se suma el daño a la economía nacional y local, el deterioro a los ecosistemas marinos y la salubridad pública, el debilitamiento de las medidas de conservación y al desarrollo de las comunidades marino-costeras del país, que convergen en un daño profundo al mar, sus ecosistemas y todos los seres que habitan y dependen de él.
Ante este escenario, los esfuerzos de Chile y de los actores relacionados con la pesca, apuntan a prevenir y desalentar esta práctica. Una forma es a través de una nueva y mejor legislación mediante el fortalecimiento de medidas de fiscalización, de programas desarrollados por Sernapesca para incrementar la cobertura, intensidad y efectividad de los controles en las pesquerías estratégicas, el trabajo en capacitaciones, estudios de casos y protocolos de intercambio de información que apuntan a detener esta cadena delictiva en el corto y mediano plazo.
Otra medida es la colaboración permanente entre Subpesca, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Sernapesca, que ha generado, por ejemplo, en 2023 la publicación del Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada, que incorpora propuestas de mejoramiento de los sistemas de seguimiento control y vigilancia y documentación de capturas y trazabilidad para combatir la actividad.
Paralelamente, el relacionamiento entre las comunidades y actores públicos y privados ligados a la pesca se alza como una estrategia fundamental para robustecer la institucionalidad pesquera, el desarrollo de las comunidades y la protección de la biodiversidad.
Un ejemplo es el apoyo del proyecto GEF del Gobierno de Chile de Gobernanza Marino-Costera, implementado por la FAO, a la incorporación del puye (Galaxias malucatus) en la nómina de pesquerías de pequeña escala para la caleta de Puerto Raúl Marín Balmaceda, en el Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU), Pitipalena- Añihué, en la región de Aysén, hito que regulariza la pesca del recurso para pescadoras y pescadores locales, mejora las condiciones de comercialización, robustece la institucionalidad, apoyando el desincentivo de los ilícitos pesqueros.
Con todo, el trabajo de las instituciones requiere de la colaboración activa de la ciudadanía. La compra y consumo de productos certificados no sólo entrega mayor seguridad en cuanto a la calidad, sino que también se suma a los esfuerzos por proteger el mar de Chile, sus habitantes y sus recursos. Trabajar en conjunto para combatir la pesca ilegal, es también, una manera robusta de proteger los océanos y, por tanto, nuestro propio futuro.